La nueva Ley Anti-lavado no detiene el LegalTech: redefine cómo deben construirse las empresas en Guatemala

Cómo Click Legal puede convertir las nuevas obligaciones de transparencia, conocimiento del cliente y beneficiario final en una ventaja para el ecosistema empresarial

La tecnología suele presentarse como una herramienta para hacer las cosas más rápido, pero la velocidad, por sí sola, no representa transformación. Digitalizar un proceso deficiente únicamente permite reproducir sus problemas con mayor rapidez. La verdadera innovación ocurre cuando la tecnología mejora la experiencia del usuario, reduce la incertidumbre y, al mismo tiempo, fortalece la seguridad jurídica sobre la cual descansa una relación comercial.

Esto adquiere especial relevancia ante la aprobación del Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La nueva legislación introduce mayores responsabilidades en torno a la identificación del cliente, el beneficiario final y las estructuras jurídicas utilizadas para desarrollar actividades económicas. También afecta directamente determinadas actuaciones realizadas por abogados y notarios en la constitución, administración y transferencia de sociedades.

A primera vista, estos nuevos requisitos podrían interpretarse como una barrera adicional para emprender. Desde Click Legal los vemos de otra manera. La regulación no tiene que convertirse en enemiga de la innovación. Cuando se integra correctamente dentro del diseño de una plataforma, puede transformarse en una infraestructura que genere confianza, proteja al usuario y fortalezca la legitimidad de las empresas que se constituyen a través de ella.

Un nuevo escenario para la constitución de sociedades

Click Legal nació para simplificar y digitalizar la creación de sociedades mercantiles en Guatemala. La plataforma busca transformar un proceso que históricamente ha dependido de trámites fragmentados, intercambios de documentos y múltiples gestiones presenciales en una experiencia más accesible para empresarios y emprendedores.

Sin embargo, constituir una sociedad nunca ha sido únicamente un trámite administrativo. Una sociedad mercantil crea una nueva personalidad jurídica que permite abrir cuentas, adquirir obligaciones, contratar personal, emitir facturas, administrar activos, recibir inversiones y establecer relaciones con proveedores, clientes e instituciones financieras. Por esa razón, detrás de cada sociedad debe existir una comprensión razonable de quién la está constituyendo, quién ejercerá control sobre ella y para qué actividad será utilizada.

La nueva Ley Antilavado fortalece precisamente este principio. El cambio no es solamente penal, sino también corporativo, notarial, operativo y tecnológico. La normativa modifica la forma en que se deben documentar ciertas operaciones y eleva la importancia de identificar a las personas que se encuentran detrás de una estructura jurídica, especialmente cuando se trata de sociedades mercantiles, transferencias de acciones y modificaciones en la propiedad o administración.

Cuando el notario se convierte en Persona Obligada

Uno de los elementos más relevantes de la nueva legislación es la incorporación de determinadas actividades profesionales realizadas por abogados y notarios dentro del régimen de Personas Obligadas. Esto ocurre cuando el profesional participa en operaciones como la creación o administración de personas jurídicas, la organización de aportaciones, la custodia de registros corporativos o la compraventa y transferencia de acciones y otras formas de participación.

Estos actos coinciden directamente con dos de los pilares sobre los cuales descansa Click Legal: la constitución de sociedades mercantiles y la gestión de acciones, participaciones y modificaciones corporativas.

El análisis legal elaborado por IURECO Advice Group explica que, cuando un notario realice las actividades contempladas por la ley, deberá cumplir con obligaciones de inscripción, debida diligencia, documentación, identificación y conservación de información. También deberá establecer mecanismos para detectar incongruencias entre la información proporcionada por el cliente y el servicio solicitado.

Esto modifica la forma en que tradicionalmente se ha entendido la prestación de servicios corporativos. Ya no basta con que los documentos estén formalmente completos. También debe existir una comprensión razonable de las personas, intereses y actividades económicas que se encuentran detrás de ellos.

La diferencia entre recopilar datos y conocer al cliente

Los procesos legales han recopilado información de clientes durante décadas: nombres, documentos de identificación, direcciones, números de identificación tributaria, representantes legales, accionistas y datos registrales. Sin embargo, recopilar información no siempre significa comprenderla.

Una plataforma puede tener todos los campos completados y aun así desconocer quién controla verdaderamente una sociedad, qué actividad desarrollará, si alguien actúa en representación de otra persona o si la información entregada es coherente con el servicio solicitado. La nueva legislación obliga a pasar de la simple recopilación documental al conocimiento razonable del cliente.

Este principio se encuentra detrás de los procedimientos conocidos como Know Your Customer, KYC, y Know Your Business, KYB. El primero permite identificar y verificar a la persona que utiliza el servicio. El segundo amplía esa comprensión hacia la empresa, su estructura, actividad económica, representantes, accionistas y beneficiarios finales.

Dentro de Click Legal estamos integrando estos procedimientos como parte del proceso mediante el cual el usuario solicita la constitución o modificación de una sociedad. Esto permitirá, en la medida de lo razonablemente posible, verificar la identidad de quienes utilizan la plataforma, determinar en qué calidad actúan, identificar a los accionistas y beneficiarios finales, conocer el giro comercial de la sociedad, comprender el propósito de la estructura solicitada, detectar inconsistencias relevantes y mantener un expediente digital trazable.

La intención no es convertir cada proceso en una investigación invasiva ni trasladar a una plataforma tecnológica funciones que corresponden exclusivamente a las autoridades. El objetivo es generar suficiente conocimiento para que la tecnología, los profesionales y los usuarios puedan operar dentro de un marco de mayor claridad, seguridad y responsabilidad.

El beneficiario final y la realidad detrás de la estructura jurídica

Una sociedad puede mostrar quién aparece formalmente como accionista, pero eso no siempre revela quién ejerce control real. El beneficiario final es la persona individual que, directa o indirectamente, posee, controla o recibe los beneficios de una estructura jurídica. Su identificación es uno de los elementos centrales de los modelos contemporáneos de prevención del lavado de dinero.

Esto adquiere especial importancia en la constitución de sociedades anónimas, la transferencia de acciones, los cambios en la estructura de propiedad, la incorporación de nuevos inversionistas y la administración de participaciones a través de terceros.

La existencia de una persona en el libro de accionistas no necesariamente resuelve todas las preguntas. También debe determinarse si actúa por cuenta propia, si representa los intereses de otra persona, si existe alguien que controla indirectamente la sociedad, si el origen de los fondos es consistente con el perfil declarado y si la actividad proyectada guarda relación con la experiencia y capacidad de los fundadores.

Estas preguntas no buscan criminalizar al empresario. Buscan diferenciar una estructura legítima de una estructura opaca. La transparencia no elimina la privacidad empresarial; lo que busca eliminar es la posibilidad de utilizar la forma jurídica como un mecanismo para ocultar deliberadamente a quienes se encuentran detrás de una operación.

LegalTech como infraestructura de cumplimiento

Existe una tendencia a pensar que el cumplimiento normativo ocurre después de que la empresa ha sido creada. Primero se diseña el producto, después se desarrolla la plataforma y, finalmente, se incorpora un formulario legal para cumplir con la regulación. Ese orden suele producir procesos incómodos, duplicados y poco comprensibles.

Click Legal busca operar desde un principio distinto: compliance by design. El cumplimiento por diseño significa que la seguridad, la identificación y la trazabilidad se incorporan desde la arquitectura del servicio. No aparecen al final como una carga adicional, sino que forman parte natural del recorrido del usuario.

Una plataforma diseñada bajo este principio puede impedir que un expediente avance mientras la información esencial esté incompleta. También puede solicitar documentación adicional cuando exista una inconsistencia, generar registros de cambios, mantener evidencia de las declaraciones realizadas y permitir que el profesional involucrado revise la información de forma estructurada.

La tecnología no reemplaza el criterio jurídico, sino que lo fortalece. Tampoco sustituye la responsabilidad del notario; le proporciona mejores herramientas para ejercerla. Esta distinción es fundamental porque el futuro del LegalTech no consiste en retirar al profesional del proceso, sino en eliminar tareas repetitivas y desordenadas para que pueda concentrarse en aquellas decisiones que requieren conocimiento, discernimiento y responsabilidad.

La declaración jurada como una capa adicional de responsabilidad

Además de los procesos de KYC y KYB, Click Legal implementará una declaración jurada que deberá ser aceptada y firmada por el usuario antes de avanzar con determinados servicios.

A través de este documento, el usuario declarará que la información proporcionada es completa y verdadera, que las personas identificadas corresponden a los accionistas y beneficiarios finales, que actúa por cuenta propia o ha revelado correctamente la representación de terceros, que los fondos involucrados tienen un origen lícito y que la sociedad no será utilizada para actividades ilegales.

La declaración también podrá establecer la obligación de informar cualquier cambio material en la estructura de propiedad o control y dejar constancia de que el usuario asume responsabilidad por falsedades, omisiones o usos contrarios a la ley.

El análisis de IURECO recomienda documentar mediante declaración jurada la información de los comparecientes, beneficiarios finales, servicio solicitado y datos requeridos por la legislación. Asimismo, señala la importancia de verificar quién actúa en nombre del cliente, comprender el propósito de la relación y evaluar la coherencia entre el perfil declarado y la actividad económica.

Esta declaración cumple una función importante porque documenta lo que el usuario ha manifestado, genera evidencia, establece responsabilidades contractuales y reduce espacios para la ambigüedad. Sin embargo, no debe confundirse con una renuncia general de responsabilidad por parte de la plataforma o del profesional. Una declaración privada no elimina aquellas obligaciones que la ley considere indelegables. Su función es complementar la debida diligencia, no sustituirla.

Lo que Guatemala puede aprender de Estados Unidos

Nuestra visión es operar bajo principios de seguridad y transparencia similares a los que han desarrollado distintas entidades legales y plataformas tecnológicas para la constitución de empresas en Estados Unidos. Esto no significa importar de manera automática un modelo extranjero, porque cada jurisdicción tiene su propia legislación, cultura jurídica y realidad institucional.

Sin embargo, sí existen principios que pueden adaptarse, como los procesos digitales guiados, la verificación de identidad, la claridad sobre la propiedad y el control de la sociedad, los expedientes electrónicos organizados, el seguimiento del estado de cada trámite, la separación entre tecnología y asesoría jurídica, los controles internos proporcionales al riesgo y la integración con abogados, contadores, bancos y proveedores especializados.

En el mediano plazo, Click Legal también contará con servicios para que emprendedores latinoamericanos puedan constituir LLC en Estados Unidos. Este paso forma parte de una visión más amplia: una empresa latinoamericana no debería quedar limitada por la complejidad de los procesos jurídicos internacionales, pero facilitar el acceso a una estructura estadounidense también requiere explicar adecuadamente sus implicaciones.

Una LLC no es simplemente un documento de constitución. Puede involucrar un agente registrado, reportes corporativos, obligaciones tributarias, cuentas bancarias, identificación de propietarios y requerimientos estatales o federales. Por esa razón, la expansión debe mantener el mismo principio que guía el desarrollo de Click Legal en Guatemala: hacer el proceso más sencillo sin simplificar irresponsablemente sus consecuencias.

Mi incorporación a Click Legal

Este proyecto representa una convergencia natural dentro de mi recorrido profesional. Después de completar mi maestría en Business Law y mientras avanzo en mi LLM y especialización en LawTech, fui invitado a formar parte de Click Legal como Strategic Growth & LegalTech Partnerships Advisor.

Dentro de este proceso, los fundadores de Click Legal, Sebastián Godoy Cortés y Andrés Valdez Rodríguez, quienes además son socios de IURECO Advice Group, me invitaron a integrarme formalmente a la plataforma como Strategic Growth & LegalTech Partnerships Advisor. La invitación también guarda coherencia con mi rol dentro de IURECO como Of Counsel – Legal Tech & Digital Business Consultant | LLM, desde el cual contribuyo en temas relacionados con transformación digital, modelos de negocio, tecnología jurídica, estrategia comercial y estructuración de servicios legales innovadores. Esta relación permite conectar de forma natural la experiencia legal de IURECO con mi trayectoria en arquitectura empresarial, venture building y LawTech, creando una base más sólida para que Click Legal pueda desarrollarse como una plataforma accesible, transparente y escalable para empresarios y emprendedores.

Mi incorporación a la plataforma conecta distintas áreas que he desarrollado durante los últimos años, entre ellas la arquitectura empresarial, la transformación digital, el diseño de modelos de negocio, la tecnología, el derecho empresarial, la gestión de proyectos, el desarrollo de alianzas y el venture building.

No llego a Click Legal únicamente para acompañar una estrategia comercial. Llego para contribuir a diseñar cómo debe operar y escalar una plataforma LegalTech dentro de un entorno jurídico que está cambiando. Desde esta posición apoyaré la evolución del modelo de negocio, la creación de alianzas estratégicas, la incorporación de procesos tecnológicos de cumplimiento, la expansión hacia nuevos servicios y la conexión de la plataforma con actores legales, contables, financieros y empresariales.

Por esta razón, Click Legal se integra como uno de los negocios del portafolio de SYSE Group. SYSE Group comenzó como una empresa de Recruitment Process Outsourcing y consultoría de talento, pero con el tiempo evolucionó hacia la transformación digital, la arquitectura empresarial y la construcción de nuevos negocios.

Esa evolución responde a un principio que también guía mi forma de trabajar: We design how businesses work.

No se trata únicamente de ayudar a crear una empresa. Se trata de diseñar la infraestructura mediante la cual esa empresa podrá operar, crecer, cumplir sus obligaciones y relacionarse con su entorno. Click Legal representa esa visión aplicada al derecho.

Una conversación entre derecho, tecnología y empresa

Este artículo nace también de las conversaciones sostenidas con Jean André Dubón Peláez y Andrés Valdez Rodríguez sobre las implicaciones prácticas de la nueva legislación para notarios, sociedades mercantiles y plataformas LegalTech.

Estas conversaciones son importantes porque ninguna disciplina puede resolver por sí sola los desafíos que plantea la transformación jurídica. El derecho interpreta la norma, la tecnología convierte sus requisitos en procesos y la arquitectura empresarial conecta esos procesos con una operación sostenible.

Cuando estas perspectivas permanecen separadas, la regulación se convierte en fricción. Cuando trabajan juntas, puede convertirse en infraestructura.

Ese es uno de los espacios que Click Legal busca ocupar. No solamente como una página para llenar formularios ni como una vía para reducir tiempos, sino como un puente entre el usuario, el profesional del derecho y las nuevas exigencias de transparencia corporativa.

La regulación como mecanismo de confianza

Toda nueva regulación genera resistencia, especialmente cuando incorpora más documentos, controles o responsabilidades. Parte de esa resistencia es comprensible, porque un sistema mal diseñado puede convertir el cumplimiento en burocracia improductiva.

Pero ese no tiene que ser el resultado. Los procedimientos de KYC, KYB y beneficiario final pueden generar confianza cuando son proporcionales, claros y tecnológicamente eficientes. Cada identidad verificada protege el proceso, cada beneficiario final identificado fortalece la sociedad, cada inconsistencia detectada reduce riesgos y cada expediente trazable protege tanto al usuario como al profesional.

La nueva Ley Antilavado no debe interpretarse únicamente como un conjunto de prohibiciones. También establece una nueva expectativa sobre cómo deben construirse las relaciones jurídicas y empresariales en Guatemala.

La pregunta ya no es solamente si una sociedad puede constituirse. La pregunta es si puede constituirse de una forma legítima, transparente y preparada para operar dentro de una economía cada vez más interconectada.

La velocidad importa, la accesibilidad importa y la tecnología importa. Pero ninguna innovación puede sostenerse sin confianza.

Y la confianza, al igual que una empresa, también debe diseñarse.

Nota editorial: El cargo de Strategic Growth & LegalTech Partnerships Advisor dentro de Click Legal ya ha sido formalmente establecido. Los procesos operativos descritos en este artículo reflejan la estrategia de cumplimiento y desarrollo de la plataforma, pero podrán ajustarse cuando la Superintendencia de Bancos emita la reglamentación correspondiente al Decreto 15-2026. Para quienes deseen profundizar en las nuevas obligaciones aplicables a abogados y notarios, los requisitos de debida diligencia, la identificación del beneficiario final, la actualización de registros societarios, el régimen sancionatorio y las medidas recomendadas para su implementación, los invito a consultar el análisis jurídico preparado por IURECO Advice Group que acompaña este artículo.

ANÁLISIS_NUEVA_LEY_ANTILAVADO.pdf

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